A mediados de enero en un lugar discreto del YMCA de Berwyn, se realizó una reunión secreta entre la empresa química de cotización oficial Koppers y un grupo de siete funcionarios electos y empleados del poblado cercano de Stickney, donde se encuentra la planta de la empresa.
Se sirvió un almuerzo. Asistió el alcalde de Stickney, quien lleva mucho tiempo en el cargo. El propósito declarado de esta reunión, a la que sólo se invitó a los asistentes, era informar a los dirigentes locales de cómo Koppers es un buen socio de la comunidad, y lo ha sido durante más de un siglo, y de cómo pretende ser un “buen protector” del medio ambiente.
Pero ningún miembro del público — ninguno de los casi 150,000 residentes de Stickney, Cicero y Berwyn — ni ningún representante de un medio de comunicación, de alguna organización comunitaria importante o de la oficina de un legislador estatal cuyo distrito abarque la planta de Koppers, fueron invitados o informados de la reunión.
De hecho, la única razón por la que los medios de comunicación, junto con los legisladores, los grupos comunitarios y el público en general, se enteraron de las reuniones de la Comisión Asesora Comunitaria de Koppers fue a través de repetidas solicitudes de la Ley de Libertad de Información de Illinois.
Este invierno, una serie de artículos publicados por Cicero Independiente y MuckRock analizaron la contaminación atmosférica cerca de una de las plantas más lucrativas de Koppers, una planta de alquitrán de hulla de 36 acres construida en 1922 en las afueras de Chicago, situada entre dos comunidades densamente pobladas, Cicero y Stickney. El caso puso al descubierto varios problemas medioambientales y de salud pública poco favorables, con Koppers en el centro.
Debido en parte a la contaminación atmosférica de más de una docena de instalaciones industriales, Cicero tiene una de las peores calidades de aire en el condado de Cook, que ya es una de las zonas urbanas más contaminadas de Estados Unidos. Algunos de los distritos del censo de la zona registran uno de los mayores índices de cáncer por exposición a la contaminación atmosférica industrial de todo el país.
La reunión de enero, junto con otra celebrada a mediados de noviembre y otra prevista para el 11 de abril, representan el esfuerzo entre bastidores de Koppers para influir en las opiniones de los responsables regionales, sobre todo a puerta cerrada.
Durante la mayor parte de la reunión realizada en enero, Koppers y algunos de los panelistas de la comunidad presentes arremetieron contra el artículo de MuckRock y del Independiente, según consta en las actas de la reunión, de los cuales la mayoría no fueron identificados.
Uno de los asistentes calificó el artículo como “una injusticia contra Koppers”.
Otro dijo que el artículo era “tendencioso”.
Y otro dijo que era una “injusticia”, que representaba “‘el punto de vista de una persona’”.
El panel comunitario de Koppers se hace pasar por un organismo legítimo, casi gubernamental. En realidad, se trata de un grupo de presión empresarial, aislado de la comunidad en general, repleto de caras conocidas y al margen de los requisitos de divulgación y acceso de los organismos públicos oficiales.
Después de que MuckRock y el Independiente enviaron una lista de preguntas al poblado de Stickney, a Koppers y al consultor de relaciones públicas de la empresa, la abogada externa del poblado, Jessica R. Fese, de Del Gado Law Group, declaró que, “por el bien del poblado”, los empleados públicos dejarían de asistir a las reuniones patrocinadas por la empresa.
“Los funcionarios del poblado entendieron que los almuerzos eran de naturaleza informativa y, tras revisar el asunto, el poblado no participará en futuras sesiones de este tipo organizadas por Koppers”, dijo Fese en el comunicado.
En otro comunicado, la secretaría del poblado, Audrey McAdams, defendió la práctica de los funcionarios de asistir a las reuniones de Koppers. “Cuando una persona es un funcionario electo, son embajadores de la comunidad”, escribió.
También dijo que “todas las personas que representan a Koppers en las reuniones son cordiales y sinceras. Personalmente, me senté junto a Kevin Washington [vicepresidente de relaciones exteriores de Koppers] en la reunión de noviembre. Aprecié su pasión por divulgar la importancia de Kopper en el mundo en general. ¿Sabías que con uno de sus productos de reciclaje se fabrican las bolsas de suero que usarás en algún momento de tu vida?”.
Aunque es cierto que Koppers recicla algunos de sus productos químicos para usos médicos, como las concentraciones de alquitrán de hulla para el tratamiento de erupciones en la piel y psoriasis, los productos más importantes y rentables de la empresa, con diferencia, son la madera tratada para viviendas, los postes de servicios públicos y las “traviesas” de madera para ferrocarriles, junto con el producto químico utilizado para tratar y conservar la madera: la creosota, que se procesa a partir del alquitrán de hulla en la planta de Stickney. En el último informe anual de la empresa, Koppers afirma ser el “mayor proveedor mundial de creosota para la industria ferroviaria norteamericana”.
En respuesta a esta historia, Koppers no respondió a las preguntas y preocupaciones específicas de los grupos de la comunidad y los funcionarios electos, pero, en respuesta, dijo en un comunicado que su planta de Stickney ha “participado en actividades de extensión comunitaria durante muchos años, interactuando con una serie de miembros de la comunidad y organizaciones. Aunque la pandemia mundial interrumpió nuestros esfuerzos, reiniciamos a propósito la renovación de las relaciones con los vecinos a principios de 2023, ya que la dirección de la instalación y otros representantes de la empresa agradecen estas oportunidades.”
‘¿Están sonando las alarmas?’
Koppers tiene un historial medioambiental irregular con la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Illinois, con más de 50 años de antigüedad, y nuevas presuntas infracciones de la legislación medioambiental que han llegado a la Fiscalía General del Estado.
Para controlar las consecuencias y responder a las preocupaciones de la comunidad sobre nuestros hallazgos, Koppers contrató a una empresa de relaciones públicas, Mary Ann Green Communications, originaria de West Virginia. El objetivo declarado de esta empresa de relaciones públicas, extraído de los correos electrónicos obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información de Illinois, era sencillo: Aprovechar las décadas de buena voluntad de Koppers entre un grupo de líderes locales y crear un nuevo consejo comunitario elegido a su gusto.
Los estatutos de la Comisión Asesora de la Comunidad de Koppers establecen que, entre sus objetivos, está “proporcionar información y comentarios de la comunidad y las operaciones y preocupaciones de la planta” y “proporcionar información a la comunidad desde la planta”, junto con abordar “cuestiones relacionadas con la comunidad y la industria”.
Promete que la composición del panel “representará a una sección representativa de la comunidad” y dice que “todas las reuniones están abiertas al público”. Pero eso incluye una advertencia importante: los invitados tienen que identificarse ante Green a más tardar 36 horas antes del inicio de una reunión y cualquier reunión puede entrar en “sesión ejecutiva” en cualquier momento, lo que excluye expresamente a los visitantes. Los estatutos estipulan que “toda o parte de una reunión del CAP puede celebrarse en sesión ejecutiva”.
Esto va en contra de cómo se realizan las sesiones ejecutivas en las reuniones públicas de Illinois.
Aunque los comentarios de la Comisión Consultiva de la Comunidad de Koppers sobre nuestra investigación periodística no cuestionaron ninguno de nuestros informes, datos o análisis fundamentales, las actas ligeramente transcritas muestran que el grupo hizo varias afirmaciones falsas, inexactas y engañosas con claras implicaciones para la política y la salud pública.
En el proceso de información y verificación de los datos de la historia, a finales de noviembre MuckRock y el Independiente solicitaron comentarios a Koppers, proporcionando a su vicepresidente de relaciones externas, Kevin Washington, 12 conclusiones con puntos de enumeración y seis preguntas numeradas antes de su publicación. En respuesta, la empresa proporcionó una declaración de 254 palabras de redacción general sobre sus operaciones que evitaba en gran parte los comentarios directos sobre cualquiera de nuestras seis preguntas.
En nuestro informe, citamos directamente 84 palabras de su declaración, y proporcionamos toda la declaración como un elemento insertado a través de DocumentCloud. A pesar de esto, Washington describió de forma incorrecta y engañosa nuestro informe como que había utilizado “muy poco de lo que Koppers compartió como su declaración”, explicó.
Muchos de los comentarios que aparecen en el acta de la reunión no tienen nombre. Uno de sí lo tiene: Lea Torres, administradora municipal, afirma que “la planta ha mejorado mucho”. Señaló que la seguridad y los controles son mucho mejores. Ella dijo que el hecho (sic) que el artículo se remontaba tan lejos en la historia, que era erróneo. Lea explicó que sigue a Koppers y que confía en su seguridad por cómo funciona la planta “actualmente”. En realidad, la investigación se centró principalmente en las infracciones de la EPA de Illinois desde el año 2020, incluido el periodo de 2022 a 2023.
Cuando nos pusimos en contacto con Torres para obtener más aclaraciones y comentarios para un próximo artículo, se negó a hacer más comentarios.
Por el contrario, otros comentarios expresaban una auténtica preocupación por las conclusiones sobre medio ambiente y salud pública de algunos de los panelistas:
“¿Esto sigue así realmente?”.
“¿Están sonando las alarmas?”.
“Nos interesan estas cosas y el impacto en la salud de los contaminantes”.
“¿Cómo abordó Koppers la infracción?”.
Las respuestas destacan la falta de acceso público visible y claro a las reuniones de Koppers y suponen una clara desviación del espíritu de la Ley de Libertad de Información de Illinois y de la Ley de Reuniones Abiertas, cuyo propósito es promover “la comunicación libre y abierta entre el gobierno y los ciudadanos”, afirman los expertos.
Pero los expertos jurídicos también coinciden mayoritariamente en que existe una vacío legal en la legislación estatal relativa a las reuniones creadas por empresas: la Asamblea General del Estado y los tribunales de Illinois han dificultado la aplicación de la Ley de Reuniones Abiertas a entidades privadas con una representación significativa de funcionarios públicos, incluso cuando debaten asuntos de interés público, dijo Matt Topic, abogado especializado en medios de comunicación y propiedad intelectual y socio de Loevy & Loevy.
“Normalmente, a menos que una entidad privada esté controlada en el día a día por el gobierno, [la Ley de Reuniones Abiertas] no suele aplicarse”, dijo.
‘¿A quién se lo ocultan?’
Varias organizaciones comunitarias y funcionarios electos de la región han declarado que habrían asistido a la reunión si se les hubiera avisado de su existencia. Entre estos funcionarios y organizaciones se encuentran las oficinas de los distritos donde se encuentra Koppers, el representante estatal Abdelnasser Rashid, el senador estatal Javier Cervantes, la líder adjunta de la mayoría Elizabeth “Lisa” Hernández, y Corazón Community Services, organización comunitaria sin fines de lucro creada en 2003 para servir a “la comunidad latina y otras personas de la zona de Cicero/Berwyn mediante programas eficaces que mejoran la vida”.
Eso es especialmente problemático para Cicero, dicen los miembros de la comunidad, ya que la ciudad, de unos 85,000 habitantes, es hispana en un 88%.
“Cualquier reunión comunitaria que repercuta en miles de residentes a los que se llega mal es un fracaso de las entidades”, dijo Esteban Rodríguez, director ejecutivo de Corazón. “Mi reacción es como la de muchos: Malestar, enfado, frustración porque este tipo de reuniones se realizan bajo el radar. Me hace pensar: ¿qué ocultan? ¿A quién se lo ocultan?”, agregó.
En cambio, la naturaleza inusual de un panel comunitario patrocinado por la empresa — con un grupo seleccionado previamente de funcionarios amistosos y en deuda con el poblado y, por separado, de organizaciones que trabajan principalmente fuera de las comunidades de Cicero y Stickney — refleja una profunda desconexión entre la idea misma de lo que es un “panel comunitario” y las comunidades a las que intenta servir, dicen los miembros de la comunidad.
Los pocos panelistas que asistieron a las reuniones fueron reclutados a través de referencias de boca en boca y los únicos miembros habituales, que no son del poblado o de Koppers, son un director jubilado de Berwyn y dos empleados de la Academy for Global Citizenshi*p y **Cultivate Collectiv*e, que están vinculados financieramente entre sí, y se autodescribe en su sitio web como una “incubadora de innovación educativa de las Escuelas Públicas de Chicago, e instituto de capacitación docente”.
No está claro qué relación tiene, si es que tiene alguna, una escuela pública chárter de la zona suroeste de Chicago con las comunidades del condado de Cook de Cicero, Stickney y Berwyn, que están fuera de los límites de la ciudad de Chicago.
Otros posibles miembros del Panel de Asesoramiento Comunitario de Koppers fueron invitados a las reuniones, pero finalmente decidieron no participar, en gran parte porque no sabían de qué trataban las reuniones o no confiaban en el organizador no gubernamental.
Entre ellos figuran la agencia de Seguridad Regional de Gestión de Emergencias del condado de Cook; el programa de Extensión de la Universidad de Illinois en el condado de Cook; y el Morton College, situado cerca de la planta de Koppers.
John Daniel, coordinador regional de la agencia de Seguridad Regional de Gestión de Emergencias del condado de Cook, declaró por correo electrónico que cuando “vio que [la invitación a la reunión] procedía de una entidad privada”, decidió no participar. “Mi trabajo consiste en colaborar con la policía, los jefes de bomberos, obras públicas y, a veces, funcionarios electos. Así que, como tal, elegí no asistir”.
Gina Torres, coordinadora de servicios profesionales del Morton College, que está situado junto a la planta, dijo que fue invitada a las reuniones y se reunió virtualmente con la consultora de relaciones públicas de Koppers, Mary Green. La consultora dijo a Torres que Koppers “buscaba conectar con la comunidad y sus organizaciones locales”. Pero cuando la consultora le preguntó si sabía qué era Koppers, Torres dijo que no, y al final no asistió a las reuniones.
El departamento de salud pública del municipio de Stickney fue invitado, pero su director dijo que el panel comunitario era la primera vez que oía hablar de la planta de Koppers. “No tengo ninguna relación con Koppers. Es la primera vez que se ponen en contacto con nosotros”, declaró Christopher Grunow, máximo responsable de salud pública de Stickney. Confirmó que había asistido a una reunión.
Los legisladores estatales dicen que están trabajando para saber más sobre Koppers. Cervantes, el senador estatal cuyo distrito incluye la planta de Koppers, ha enviado a la empresa una carta tras la investigación del Independiente y MuckRock, solicitando detalles sobre las medidas de seguridad operativas.
“Los residentes locales deben estar tranquilos de que están a salvo de sustancias químicas peligrosas”, escribió.
Rashid declaró que su oficina está revisando las conclusiones de la EPA de Illinois y que se compromete a “garantizar que la salud pública esté protegida y que los responsables de las malas prácticas corporativas rindan cuentas”, dijo en un comunicado. “Continuaré dándole prioridad a la salud y la seguridad de nuestra comunidad”.
Hernández, líder adjunta de la mayoría de la Cámara de Illinois, dijo que “estas discusiones de panel no cambian el hecho de que sigo estando abierto a las preocupaciones sinceras sobre las frustraciones apremiantes de la salud pública”.
Y añadió: “Mientras nuestro proceso legislativo siga tomando forma, es absolutamente necesario hacer frente a las empresas que descuidan la salud básica y el bienestar de las comunidades vulnerables”.
Los funcionarios del poblado de Stickney han dejado clara en repetidas ocasiones su estrecha relación con Koppers, según consta en correos electrónicos obtenidos a través de nuestras solicitudes FOIA de Illinois.
MuckRock presentó su primera solicitud FOIA en relación con Koppers en la oficina del secretario del poblado de Stickney a finales de noviembre, solicitando una serie de registros a disposición del público, incluyendo actas de reuniones, avisos de infracción y cualquier resultado de una solicitud FOIA anterior presentada por otro solicitante.
Esta solicitud parece haber desencadenado una alarma hecha por el poblado de Stickney a Koppers. En su reunión de enero, Washington, de Koppers, “explicó a la secretaria del poblado el conocimiento que la empresa tenía de la historia iniciada con la FOIA. Dijo que le agradecía que le informara de la solicitud”.
No está claro por qué McAdams alertó a Koppers, aparte de para compartir información con una empresa que McAdams describe, en esa misma reunión, como “integrada y parte de Stickney”.
En noviembre, en respuesta a la invitación de Koppers a un almuerzo de negocios, la secretaria del poblado, Audrey McAdams, le escribió al alcalde de Stickney, Jeff Walik: “Si puedo, pienso ir (a la reunión). Koppers hace mucho por Stickney. No quiero desairarlos. Si no vas a ir, ¿tienes algo que deba o no deba compartir?”.
Más tarde, en una reunión del consejo de la villa el pasado enero, McAdams comentó cómo
“Stickney ha tenido una relación excepcionalmente larga con Koppers, y es una buena relación para nosotros tener este nivel de aportación”
Later, at a January Village council meeting, McAdams remarked how “Stickney has had an exceptionally long relationship with Koppers, and it is a good rapport for us to have this level of input.”
Este proyecto contó con el apoyo del Data-Driven Reporting Project, que está financiado por la Google News Initiative en colaboración con la Northwestern University’s Medill School of Journalism; la Rita Allen Foundation; la Reva and David Logan Foundation; la Healthy Communities Foundation; y el Donald W. Reynolds Journalism Institute en la Universidad de Missouri.
